Hace poco escuché por la radio unos comentaristas económicos que hablaban sobre la “cultura de lo gratuito” que tenemos en España. La conversación iba orientada a lo que los ciudadanos aceptan pagar por servicios públicos y aquellos en los que no se acepta pagar nada (que son muchos). Por otro lado, entraba en la las posiciones de los gobiernos frente al gasto público y la tendencia de engordar o no el tamaño de la Administración (siempre desde el punto de vista español). Cuanto más potente, en teoría más servicios se pueden ofrecer sin cargo por ellos. La reflexión tenía un sesgo liberal (eufemismo para decir “de derechas”), aunque independientemente del trasfondo político, creo que se puede usar para pensar sobre ello.

Por ello, pensando un poco, lo he relacionado con posibles actuaciones de las Administraciones Públicas que podrían aumentar la calidad de su servicio. Se trata no de algo nuevo, si no que ya se practica y consistiría en poner valor (”valorizar” que aunque suena mal, es una palabra que existe en castellano) los servicios principales que una Administración presta. Hoy en día, con los avanzados sistemas de información económico-financieros y las herramientas de análisis de datos (”Business Intelligence”) es perfectamente viable y se puede llegar al nivel de detalle deseado (combinándolo con técnicas empresariales de imputación y distribución de costes).
¿para qué serviría esto? Para que un ciudadano pueda:
- valorar lo que recibe. Normalmente esto es lo que se persigue con estas iniciativas. El valor en términos económicos (en euros) es lo que todo el mundo puede comparar
- exigir más por lo que paga (vía impuestos, tasas, precios públicos). Si no sabes lo que vale, es más difícil alabar o criticar la calidad de un producto o servicio.
- ver en qué se está gastando el dinero la Administración. El precio muestra cómo se distribuye el presupuesto (suponiendo un cálculo justo de las imputaciones de costes, claro)
- comparar administraciones. Ante servicios parecidos, el ciudadano podría comparar su precio (la calidad del mismo la puede percibir) y esto impulsaría a la mejora progresiva y a la eficiencia (como en la empresa privada, aunque no haya una competencia real entre Administraciones)
Decía que no es algo del todo novedoso, ya que al menos en algunos servicios sanitarios en Cataluña (asistencias en centros sanitarios) sí que he visto que se adjunta el coste indicativo de los mismos.
Quizás es un poco idealista este proceso, ya que las formulas de imputación (como la contabilidad en general) tiene más de arte que de ciencia. Y en la Administración Pública, el arte se puede sustituir por la política. Pero seguramente se podrían llegar a acuerdos de buenas prácticas que permitiesen tener resultados fiables.

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